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Lara avanza en una ley para proteger sus recursos hídricos ante la deforestación y la escasez
Legisladores, ambientalistas y entes gubernamentales del estado Lara trabajan en conjunto para discutir y perfeccionar un proyecto de ley destinado a proteger los recursos hídricos de la región. La iniciativa busca hacer frente a la grave escasez de agua que afecta a más del 80% de la población, así como a la deforestación de cuencas clave y el impacto de la agricultura insostenible.
En el estado Lara, diputados del Consejo Legislativo (CLEL), ambientalistas y representantes de instituciones como el Ministerio de Aguas (Minaguas) e Inparques han unido esfuerzos para discutir un proyecto de Ley para la Protección de los Recursos Hídricos. La propuesta, aprobada en primera discusión en 2024, busca crear una normativa adaptada a la realidad local para combatir el grave déficit de agua en la región. La urgencia de esta ley radica en la necesidad de frenar la deforestación y las prácticas agrícolas insostenibles que están degradando las cuencas hidrográficas y los pozos subterráneos que abastecen a ciudades como Barquisimeto y Palavecino. Según miembros de Inparques, Lara sufre una ‘escasez crónica de agua’, con más del 80% de sus habitantes afectados por la falta de servicio por tubería, obligando a muchas familias a depender de costosos camiones cisterna. ‘Estamos evaluando la factibilidad del proyecto para llevarlo a segunda discusión. Nos preocupa que haya personas que han desforestado los bosques de los pozos de Titicare y Carabalí para sembrar, utilizando agroquímicos y contaminando áreas que deben ser protegidas’, señaló la diputada Flor Escalona. El ambientalista Francisco Cañizales explicó que, si bien el proyecto se inspira en la Ley Nacional de Aguas, es crucial adaptarlo a las particularidades de Lara. Señaló la deforestación en la cuenca alta del Río Tocuyo para la producción de café a plena exposición solar como un problema crítico que también afecta al Parque Nacional Yacambú, donde nace el río Turbio. Por ello, insistió en que la legislación debe ir acompañada de una fiscalización y control efectivos. Por su parte, Luis Manuel Reyes, director de Minaguas en la entidad, afirmó que el proyecto actual tiene vacíos legales que deben ser atendidos para que no sea una simple copia de la normativa nacional. ‘Temas como lograr una agricultura adecuada deben estar en discusión, porque vemos cómo caficultores han venido desforestando las riberas de los ríos’, puntualizó. El objetivo final del documento es garantizar que ‘el uso, aprovechamiento, protección y conservación de las aguas sea eficiente, equitativo, óptimo y sustentable’ para asegurar el futuro hídrico del estado.
Con información de: Diario El Aragueño