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Claves del estado de conmoción exterior: Qué implica y sus antecedentes en Venezuela

El estado de conmoción exterior, contemplado en el artículo 338 de la Constitución, es una medida excepcional que el Ejecutivo puede decretar ante conflictos externos. La reciente declaración del presidente Nicolás Maduro, justificada por la presencia militar de EE. UU. en el Caribe, activa poderes especiales y se enmarca en un historial de aplicación de estados de excepción en el país.

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El estado de conmoción exterior en Venezuela es una medida excepcional contemplada en el artículo 338 de la Constitución, la cual puede ser decretada por el Presidente de la República en caso de un conflicto externo que ponga en grave peligro la seguridad de la nación. En este contexto, el presidente Nicolás Maduro declaró este estado en septiembre de 2025, alegando amenazas por el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. De acuerdo a la información oficial, la medida fue respaldada por los principales poderes públicos para “blindar constitucionalmente” las acciones del Estado ante un posible ataque. En consecuencia, se han convocado ejercicios militares y el alistamiento en la Milicia Bolivariana. Con relación a sus implicaciones, este decreto tiene una duración legal de hasta 90 días, prorrogable por otros 90, y activa poderes especiales para el Ejecutivo, como la movilización militar y el control sobre medios de comunicación. Al respecto, el artículo 338 de la Constitución establece las condiciones para decretar los estados de excepción. En este sentido, diferencia entre el estado de alarma para catástrofes (30 días), la emergencia económica para crisis graves (60 días) y la conmoción interior o exterior para conflictos (90 días), siendo las prórrogas competencia de la Asamblea Nacional. Por otra parte, Venezuela tiene un historial reciente en la aplicación de estas medidas. Entre 2016 y 2020, bajo una profunda crisis, el gobierno de Nicolás Maduro decretó múltiples estados de emergencia económica. Posteriormente, en 2020, se instauró un estado de alarma por la pandemia de COVID-19 que restringió la movilidad y se extendió por más de un año. No obstante, el impacto de estos decretos ha sido objeto de debate, ya que desde 2016 han permitido al Ejecutivo aprobar presupuestos y contraer deudas sin el control del poder legislativo, consolidando así sus facultades en materia económica y de seguridad.

Con información de: Diario El Aragueño

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